EN LA EUROPA DEL SIGLO XXI INMIGRACIÓN: LEGALIDAD E INTEGRACIÓN 
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INMIGRACIÓN: LEGALIDAD E INTEGRACIÓN EN UNA SOCIEDAD DE DERECHOS Y DEBERES

España se ha convertido en país de acogida. Ha pasado de tener una población extranjera residente en 1985 de 241.971 personas a tener 1.317.542 a finales del año 2002. La entrada de inmigrantes se ha acelerado en los últimos años como consecuencia de nuestro gran desarrollo económico y el mayor deterioro de los países de procedencia de estos inmigrantes.

Hemos de ser conscientes de que somos frontera sur de Europa, puerta de entrada en la Unión Europea y puente natural entre ésta e Iberoamérica por los lazos históricos y culturales que nos unen a ella; y también de que nuestro país ofrece muchas posibilidades de desarrollo y promoción personal y laboral. Como, asimismo, hemos de ser conscientes de que los inmigrantes que vienen a vivir con nosotros contribuyen a que nuestro país siga creciendo e incrementando su prosperidad. Son ya cerca de 900.0000 los extranjeros afiliados a la Seguridad Social, dos veces y media más que hace dos años.

  La dimensión que ha alcanzado el fenómeno inmigratorio y sus perspectivas de futuro hacen indispensable ordenarlo con una política de Estado, alejada de demagogias e instrumentalizaciones partidistas, y asentada en el diálogo social, institucional y político, así como en una actuación responsable, basada en los principios de lealtad institucional, cooperación, colaboración, coordinación y participación, que prevenga la ordenación de este fenómeno a medio y largo plazo.

  Las competencias que inciden desde muy diversos ámbitos en la inmigración, se encuentran hoy repartidas entre diferentes ámbitos administrativos nacionales (Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas, Administración General del Estado) y el ámbito internacional (Unión Europea), por lo que la situación coordinada entre ellos debe ser una parte esencial de la política migratoria para su adecuado tratamiento.

  De igual manera, la capacidad de acoger a personas con necesidades económicas  por parte de los países desarrollados no es ilimitada, por lo que es necesario ajustar su llegada a esas capacidades. El desbordamiento masivo de las mismas impide una respuesta adecuada a las necesidades de las personas que llegan.

  La existencia de redes organizadas y  de personas que se aprovechan de las necesidades que tienen las personas que emigran, constituye, sin duda, un factor perturbador de la adecuada  ordenación de los flujos migratorios, que atenta contra la vida y la dignidad de los mismos, y cuya lucha y erradicación debe ser, sin duda, una prioridad para el conjunto de los países receptores de emigración.

  La posición del Partido Popular ha sido siempre favorable al establecimiento de una política de inmigración basada en el control de los flujos de personas a Europa y a España; la ordenación legal de los mismos; su adaptación a nuestra capacidad de acogida; la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos  y la explotación personal y laboral de los inmigrantes; la colaboración y cooperación institucional a nivel nacional  e internacional; la vinculación de las políticas de inmigración a las de cooperación al desarrollo, y la actuación conjunta en el ámbito de la Unión Europea.

  Frente a ella, otros grupos políticos apostaron por una opción favorable a facilitar papeles para todos los que querían venir, que llevó a la definición de un marco normativo que impedía la expulsión de inmigrantes ilegales de nuestro territorio y propiciaba su regularización automática por la mera permanencia  ilegal en nuestro territorio.

  El Partido Popular, consciente de que el fenómeno de la inmigración ha pasado a se parte de la realidad social española actual y tener características similares a las que se producen en el resto de los países de la Unión Europea, considera imprescindible ordenar el mismo conforme a los siguientes principios:

  1.      Política Europea Común

  La política migratoria española debe enmarcarse en la política migratoria común europea y en los principios en que ésta se inspira, derivados de los compromisos fijados en las Cumbres de Tampere, Laeken y, muy especialmente, Sevilla.

  2.      Ordenación de flujos migratorios

  Debe basarse en  los siguientes tres ejes:

  a)    Inmigración Legal

  Nos manifestamos a favor de una inmigración legal, que acceda a nuestro país a través de vías legales y con sus permisos en regla. Queremos facilitar que las personas que cumplan con los requisitos que establecen los ordenamientos europeos lleguen a nuestro país con los permisos en regla, y  evitar que puedan hacerlo más fácilmente sin ellos y de manera ilegal.

  b)    Capacidad de Acogida

La  adecuada ordenación de los flujos migratorios a nuestro país debe basarse en el pleno respeto a la legislación vigente, y adaptarse a la capacidad de acogida de que dispongamos para poder atender adecuadamente a los mismos.

Nuestra capacidad de acogida no es ilimitada, por lo que deberá ajustarse a la posibilidad que tengamos de ofrecer trabajo a los inmigrantes de manera que puedan desarrollarse personal y profesionalmente e integrarse en nuestra sociedad.

  c)    Repatriaciones

  Al objeto de dar cumplimiento a los principios anteriores es necesario ser muy riguroso con nuestra política de repatriaciones de tal forma que aquellas personas que tratan de llegar a España de forma ilegal sepan que se va a proceder a su repatriación con absoluta seguridad. 

3.      Lucha contra la inmigración ilegal

  Objetivo prioritario de nuestra política de inmigración, y complementario a la apuesta por una inmigración legal, es también la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos y la explotación personal y profesional de los inmigrantes.

  El creciente flujo de personas de países subdesarrollados a los países desarrollados está siendo utilizado por personas y redes organizadas para explotar económica, personal y sexualmente a los inmigrantes, agrediendo su dignidad, poniendo en riesgo sus vidas y su integridad física a cambio de obtener una ventaja personal ilícita.

  Es necesario que, a nivel nacional e internacional, se impulsen iniciativas y esfuerzos que lo impidan y poner coto a aquellos que se aprovechan  de las garantías y derechos que nuestros sistemas públicos reconocen a cualquier persona.

  4.      Integración

  La integración de los inmigrantes legales constituye un objetivo central de la política de inmigración en nuestro país.

Por ello, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, impulsarán, promoverán y coordinarán las actuaciones relativas a facilitar su inserción social y profesional, su educación y formación, así como garantizarán la prestación de los servicios sociales y asistenciales necesarios para conseguir dicho objetivo, sin que ello suponga menoscabo o perjuicio alguno para las percibidas por los nacionales.

  En todo caso, dichas políticas e iniciativas irán dirigidas a facilitar el conocimiento y la aceptación por parte de los extranjeros residentes legales de nuestras normas de convivencia, nuestro sistema legal y constitucional y nuestro régimen de derechos y obligaciones, sin que el obligado respeto a sus identidades culturales pueda poner en cuestión lo anterior, ni la asunción de menores derechos y obligaciones que para los nacionales, especialmente en el reconocimiento de los derechos y la igualdad de las mujeres.

5.      Cooperación al Desarrollo

  La existencia de grandes desequilibrios económicos entre distintas zonas del mundo, constituye, sin duda, una de las principales causas de la explosión migratoria de los últimos años.   El desarrollo de estas áreas geográficas constituye también una vía efectiva para poder ordenar los flujos migratorios y frenar la presión hacia nuestros países.

  Consideramos necesario vincular de manera directa las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo a las políticas de inmigración, tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

  6.      Diálogo social

  La inmigración es un fenómeno cuya dimensión afecta al conjunto de la sociedad, lo que exige una actuación responsable de los agentes económicos y sociales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de inmigrantes, los medios de comunicación, que pueden y deben contribuir  a favorecer la inmigración legal y a transmitir una imagen real de nuestra capacidad de acogida.  

Por eso, expresamos nuestro convencimiento de que el diálogo social y la colaboración de los agentes y organizaciones sociales en el desarrollo de las políticas migratorias y de integración social de los inmigrantes es un instrumento adecuado para que, en el tratamiento de esta cuestión, no prendan las posturas demagógicas, xenófobas y racistas.

  7.      Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres

  Queremos subrayar  la  importancia de este principio en materia de atención a inmigrantes, por el hecho de que una parte de ellos provienen de países en los que la mujer ocupa una posición de desventaja en relación con los derechos que son reconocidos a los hombres. En España los derechos de hombres y mujeres son los mismos y debemos asegurarnos de que siga siendo así, incluso para quienes provienen de otras culturas, religiones o costumbres.

  8.      Protección a perseguidos

  España debe mantener los compromisos internacionalmente asumidos, especialmente la Convención de Ginebra, y participar activamente en la política europea de asilo. Hemos de impulsar la cooperación entre Administraciones Públicas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mejore el sistema de ayuda, acogida e integración de los refugiados, facilitando los medios y espacios físicos necesarios para llevarlo a cabo.

 Nuestras propuestas:

  Los principios enunciados deben plasmarse en acciones que han de desarrollar las Administraciones Públicas, en el marco de una política común compartida.

Favorecer la inmigración legal

-           Favoreceremos la inmigración legal a nuestro país mediante:

 ·      La simplificación de los procedimientos administrativos para favorecer la tramitación y la obtención más ágil de los permisos necesarios para la llegada y estancia en España.

·      La eliminación de la documentación innecesaria que ya obre en poder de la Administración.

  ·      La concreción de plazos de tramitación.

  ·      La supresión de la duplicidad existente en la tramitación de la documentación necesaria para trabajar y residir en España, evitando que los que hayan obtenido el visado, tengan que reiterar trámites en el interior del territorio español.

  Todo ello, con el fin de que las personas que accedan a nuestro territorio lo hagan ya con sus papeles en regla, no estén en situación de precariedad o inseguridad jurídica y puedan integrarse y desenvolverse plenamente en nuestra sociedad desde el primer momento.

  -          Eliminaremos la obligatoriedad de la tarjeta de residencia para nacionales del Espacio Económico Europeo.

  -          Completaremos la Red de Oficinas de Extranjeros.

  -          Mejoraremos los recursos técnicos y humanos de nuestras representaciones consulares, especialmente en los países con los que existe mayor presión migratoria.

Ordenación de flujos migratorios

 -          Nuestra capacidad de acoger a estas personas para facilitar su integración y su desarrollo social, personal y profesional no es ilimitada, por lo que el trabajo y la capacidad de absorber a estos trabajadores se configura como un elemento esencial de ordenación.

  Con este fin, suscribimos la necesidad de contar con un procedimiento de contratación de trabajadores extranjeros ágil y flexible, que tome en cuenta las distintas vías establecidas para este fin en la legislación vigente, y que garantice la consulta al mercado nacional de empleo, la contratación de trabajadores en el país de origen, y la materialización de la contratación por los empresarios en tiempo y forma. Para ello:

  -          Abriremos las posibilidades de contratación individual o colectiva de trabajadores extranjeros, siempre que el mercado nacional de empleo no pueda atender estas demandas.

  -          Agilizaremos la tramitación de estas ofertas para favorecer su gestión y la disposición del trabajador en tiempo y forma a la demanda efectuada.

  -          Garantizaremos el cumplimiento de las condiciones legales del mercado de trabajo y la legislación laboral y combatiremos la explotación laboral de estas personas.

  -          Flexibilizaremos la gestión de esas ofertas a nivel nacional en razón de los sectores económicos y provincias donde se vayan produciendo.

  -          Otorgaremos valor de permiso de trabajo a los visados para garantizar la llegada legal a nuestro territorio de estos trabajadores para permitir su incorporación plena a la Seguridad Social y el disfrute de derechos sociales, asistenciales, etc.

  -          Reforzaremos la actuación de la autoridad laboral y de su Inspección de Trabajo, colocando entre sus objetivos prioritarios la persecución y sanción de la explotación laboral y los abusos sobre los trabajadores extranjeros en nuestro país, de manera sostenida.

 Lucha contra la inmigración ilegal

  -          Lucharemos contra la inmigración ilegal, la explotación y el tráfico de seres humanos, impulsando, a nivel europeo y nacional, una adecuada tipificación y endurecimiento de las penas ante aquellas situaciones que, individual o colectivamente, se realicen para explotar y sacar ventaja ilícita de la situación  de necesidad en la que se encuentran estas personas, muy especialmente cuando se ponga en grave riesgo su vida o integridad física.

  -          Reforzaremos  los controles fronterizos mediante la dotación de los recursos humanos y técnicos necesarios para ello.

  -          Efectuaremos la repatriación inmediata de aquellos extranjeros que accedan de manera ilegal a nuestro país o se encuentren en él en tal situación.

  -          Mejoraremos las infraestructuras de internamiento necesarias para ordenar esta política.

  -          Impulsaremos los convenios bilaterales de colaboración para la ordenación y el control de flujos migratorios a nuestro país, así como los multilaterales en el ámbito de la Unión Europea con estos mismos objetivos hacia Europa.

  -          De acuerdo con las líneas de actuación común en el marco de la Unión Europea, fijaremos el tipo básico penal para  culpables de delitos de tráfico ilegal de personas en penas de prisión de entre 4 y 8 años.

  -          Si el propósito es la explotación sexual, la pena será de 5 a 10 años.

  -          Si se actúa en el marco de una organización dedicada a esta actividad o se pone en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, las penas se impondrán en grado superior.

  -          Propondremos sustituir la pena de 6 años en delitos cometidos por extranjeros por la expulsión  decretada, salvo que el Juez considere justificado el cumplimiento de la pena.

  -          Igualmente, impulsaremos la posibilidad de acordar la expulsión una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena en casos de delitos con penas superiores a 6 años y siempre que el Juez no se oponga.

  -          Incorporaremos a nuestro ordenamiento jurídico la obligación a transportistas de tener a su cargo a los extranjeros en tránsito cuando no puedan ser enviados al país de destino.

  -          Asimismo, incluiremos el reconocimiento mutuo de decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países dictadas por otros Estados miembros  de la Unión Europea.

  Promover la integración

  Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, tienen especiales responsabilidades en cooperar en una eficaz política de integración de los inmigrantes legales. Estas son las acciones que queremos impulsar para favorecer la integración.

  -          Promoveremos la implantación de Centros de Atención Social para Inmigrantes, para dar respuesta de manera integral a la población inmigrante. Deben ser además los motores en cada zona de actuación de coordinación con el tejido social, de reflexión y sensibilización. Cada uno de ellos contará además con plazas de acogida de emergencia para dar salida a situaciones de especial necesidad.

  -          Crearemos Servicios de Apoyo a los Centros de Atención Social para inmigrantes para el impulso de los programas de mujer y empleo, proporcionando asesoramiento y recursos ante situaciones que necesiten de actuaciones especializadas de inserción socio laboral o violencia doméstica.

  -          Potenciaremos o incorporaremos, donde no los haya, los Servicios de Mediación Social Intercultural para la atención social a inmigrantes legales al objeto de favorecer su integración, sensibilizar a la población en esta materia y ejercer tareas de coordinación de recursos sociales públicos y privados.

  -          Potenciaremos el Observatorio Permanente de la Inmigración para que analice en todo momento la evolución, características y particularidades de la población inmigrante en cada Comunidad Autónoma.

  -          La promoción de la mujer inmigrante como agente de integración y pieza clave de la cohesión familiar es otra línea de acción que impulsaremos.

  -          Especial atención prestaremos a los menores inmigrantes no acompañados, reagrupándolos con sus familias en sus países de origen utilizando mecanismos de colaboración con las autoridades de esos países; y mientras esta reagrupación se produce los atenderemos de acuerdo a su condición de menor ofreciéndoles apoyo y formación.

  -          Consideramos la educación como el instrumento básico de integración de la población inmigrante. Por ello la integración escolar de los menores, así como la formación de jóvenes y adultos, están específicamente contemplados en las propuestas del Partido Popular.

  -          En materia de empleo desarrollaremos proyectos formativos dentro de las funciones propias del INEM al objetivo de facilitar la integración en el mercado de trabajo de los inmigrantes legales en España así como su desarrollo profesional en función de la demanda de trabajo existente.

  -          Desde las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en que gobierne el Partido Popular seguiremos apoyando a la iniciativa social que colabora con proyectos de acogida, atención social y educativa, así como en la formación para la inserción laboral de los inmigrantes. Especial importancia cobrará, en el marco de sus funciones, el papel y la formación del Voluntariado.

  -          Impulsaremos programas de codesarrollo, vinculando nuestra política migratoria a la política de cooperación y  de ayuda al desarrollo con diferentes iniciativas, con el objeto de ayudar a los países de emigración a ir generando actividad productiva.