IX. 1. LA HORA DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Si el proceso de descentralización política a favor de las Comunidades Autónomas ha alcanzado ya su plena madurez, el Partido Popular cree que ha llegado el momento para dar un nuevo impulso a la descentralización, esta vez a favor de los Entes Locales.

Esta ha de ser la tarea política de vertebración territorial de los próximos años que nos comprometemos impulsar.

Durante los últimos veinticinco años, los Entes Locales han visto prácticamente inalterada la configuración legal de su ámbito competencial, sin que se haya producido una prolongación del proceso descentralizador a su favor, siendo las más próximas a los ciudadanos.

Nuestra organización administrativa y territorial ha sido históricamente municipalista. Municipios, provincias e islas son entidades vivas, respaldadas por los ciudadanos, que las sienten como propias y con las cuales se identifican.

Las Administraciones Locales deben responder a las características y demandas que una sociedad desarrollada e integrada en Europa, como la nuestra, exige. Deben ser administraciones democráticas y transparentes, reducidas y simplificadas; facilitadoras del desarrollo económico y social. Deben colaborar en la prestación de servicios integrados con el resto de las Administraciones y, sobre todo, deben situar a los ciudadanos en el centro de su actuación.

Acabamos de lograr un acuerdo unánime para transformar las Haciendas Locales. La modernización de su estructura impositiva, eliminando el IAE para más del 90 por 100 de sus contribuyentes, y la modificación del modelo de participación de las Corporaciones Locales en los ingresos del Estado, incrementando su cuantía y mejorando claramente su capacidad de crecimiento futuro, era otro paso previo necesario para dar un nuevo impulso a la descentralización.

Este impulso pretende atribuir nuevas competencias a los Entes Locales. Es la consecuencia lógica del proceso de descentralización iniciado hace 24 años y dará un mejor cumplimiento a los principios que inspiran la Constitución. Además, se responde a lo establecido en el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por España en 1988, en el que, en aplicación del principio de subsidiariedad, se recomienda encomendar el ejercicio de las competencias públicas a las autoridades más cercanas a los ciudadanos.

IX. 2. EL PACTO LOCAL

Entendemos que la segunda descentralización debe ser llevada a cabo por los actores que constitucional y estatutariamente están legitimados para ello: las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Para hacerla posible, las Comunidades han de atribuir parte de sus competencias a los Entes Locales que integran sus territorios, cediendo para ello los medios humanos, materiales y presupuestarios que hagan posible una gestión adecuada.

Los criterios con los que abordamos este proceso descentralizador son los siguientes:

1. En principio, consideramos que los Municipios deben ser los destinatarios preferentes de las competencias transferidas o delegadas.
2. En este marco de reordenación del mapa competencial resulta necesario potenciar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares como entes encargados de garantizar el equilibrio intermunicipal y la prestación integral de los servicios públicos municipales. En especial, deberán desempeñar funciones de apoyo a los municipios medianos y pequeños y de impulso a la cooperación entre ellos.
3. Asimismo, consideramos imprescindible el fomento, especialmente en las zonas rurales donde existan núcleos de población muy pequeños, la previa constitución de entidades asociativas de municipios en áreas que sean geográfica y socioeconómicamente coherentes para la asunción de las nuevas competencias y para la correcta ordenación del territorio.
4. Estamos convencidos de que este nuevo impulso a favor de la Administración Local debe ir acompañado del reforzamiento de los mecanismos de cooperación entre Administraciones. Con tal finalidad promoveremos foros específicos de encuentro, en los que participen el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, para la fijación de objetivos comunes y la mejor realización de las tareas compartidas.
5. Entendemos que los criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad en la prestación deben presidir la atribución de competencias a unos u otros niveles de la Administración. El mejor servicio a los ciudadanos debe guiar este proceso descentralizador.
6. Esta segunda descentralización debe atender a la diversidad histórica, institucional, geográfica y económica de nuestras Comunidades Autónomas, así como a la distinta estructura local existente en cada una de ellas. Por ello, debe caracterizarse por su flexibilidad, adaptándose a las características de cada territorio y respetando los acuerdos que puedan alcanzarse entre los gobiernos de cada una de las Comunidades Autónomas y sus respectivos Entes Locales.
7. Impulsaremos el establecimiento de indicadores que permitan la medición de la eficacia en la gestión de los servicios públicos descentralizados a favor de los Entes Locales, de tal modo que se puedan valorar las consecuencias que la atribución de la competencia haya podido generar.

Nuestras propuestas:

• En todas las Comunidades Autónomas, el Partido Popular seguirá impulsando los Pactos Locales con la finalidad de atribuir nuevas competencias a los Municipios, las Provincias y otros Entes Locales.

• Consideramos esencial alcanzar la concertación de voluntades entre cada una de las Comunidades Autónomas y los Entes Locales de sus respectivos territorios, con el objeto de lograr el deseable consenso en un asunto de capital importancia para la articulación territorial del Estado.

• Una Ley aprobada por la Asamblea Legislativa de cada una de las Comunidades Autónomas será el instrumento normativo a través del cual se concretarán los cauces que permitan llevar a cabo este proceso. En ella deberán determinarse las materias, procedimientos y vías de participación de las Entidades Locales correspondientes.

• En función de las características de los servicios que haya de asumir el Ente Local, la cesión de competencias podrá adoptarse por atribución de la competencia al Ente Local mediante ley, por delegación o por encomienda de gestión.

• Los Municipios podrán asumir nuevas competencias fundamentalmente en las siguientes materias:

• Educación preescolar
• Servicios sociales básicos
• Deporte
• Juventud
• Ocio y tiempo libre, en particular la titularidad y gestión de las instalaciones recreativas
• Gestión de los bienes de dominio público
• Urbanismo
• Vivienda
• Patrimonio histórico-artístico
• Cultura
• Medio Ambiente
• Comercio
• Turismo
• Consumo
• Empleo
• Protección Civil.

La progresiva asunción de tareas en estas materias por parte de las Corporaciones Locales significará un nuevo protagonismo de los Municipios, que responde fielmente a los postulados del modelo de organización territorial de la Constitución. Se logrará así una vertebración institucional equilibrada y una mejora en la prestación de los servicios en beneficio de los ciudadanos.

 IX. 3. UN COMPROMISO RENOVADO CON EL MUNICIPALISMO

Desde 1996, uno de los ejes básicos de acción del Partido Popular y del Gobierno de la Nación ha sido poner en valor el papel que las Entidades Locales españolas (Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos Insulares, Mancomunidades y Ayuntamientos) tienen en la organización institucional del Estado, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de 1978 y con la propia realidad que dichas Entidades representan en la actualidad.

Esto ha sido posible, en primer lugar, por la visión municipalista que el Partido Popular ha mantenido a lo largo de toda su historia, y que ha trasladado a medidas concretas desde que viene ejerciendo la responsabilidad del Gobierno y, en segundo lugar, porque ha sabido conectar con la importante experiencia acumulada por miles de alcaldes y concejales que, desde 1995, le convierten en el primer partido municipal de España.

En este sentido, en estos últimos años se han puesto en marcha iniciativas largamente demandadas por el municipalismo y por la sociedad española a las que el Partido Socialista Obrero Español no fue capaz de dar respuesta en sus años de gobierno. Así, por ejemplo, la Ley de medidas para el desarrollo del Gobierno Local, que supuso, entre otros importantes avances, el acceso de las Entidades Locales al Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía; el impulso de los Pactos Locales Autonómicos, que está viniendo a poner en marcha la descentralización pendiente; o la reciente reforma de la Ley de Haciendas Locales, que sitúa a dichas Entidades ante un nuevo modelo de financiación que supera los graves problemas que planteaba la anterior legislación.

Y, todo ello, desde una concepción del Estado en la que a las Entidades Locales les corresponde adquirir nuevas funciones y responsabilidades, como lógica consecuencia del modelo descentralizado y subsidiario asumido desde 1978 y reafirmado en el Tratado de Maastricht.

Para dar forma a tales iniciativas, el Partido Popular y el Gobierno de la Nación han planteado en todo momento una relación abierta y leal con los representantes del municipalismo español integrados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al entender que las reformas que se han planteado requerían el concurso del conjunto de quienes asumen, día a día, la responsabilidad del gobierno local. También era imprescindible reforzar el carácter institucional de la Federación, lo que se ha hecho a lo largo de estos años mediante la firma de numerosos convenios de colaboración, la incorporación creciente de aquélla a órganos consultivos del Estado y con el establecimiento en los Presupuestos del Estado de una línea de financiación incondicionada a la propia FEMP, desde el año 2001.

Nuestras propuestas:

• Transformar la Comisión de Entes Locales del Senado, creada al inicio de esta legislatura, en una Comisión legislativa. Los dos primeros años de funcionamiento de ésta Comisión en la Cámara Territorial han puesto de manifiesto el acierto de nuestra decisión de impulsarla. Allí se han mantenido algunos de los debates más vivos de los últimos tiempos sobre algunos de los temas más importantes hoy para nuestros Entes Locales. Ha llegado el momento de dar un paso más, consolidando así un cauce parlamentario específico para el mundo local. Buscaremos fórmulas que permitan la participación de los representantes de los Entes Locales en las tareas de dicha Comisión.

• Crear la Conferencia sectorial de régimen local. La concurrencia de responsabilidades en materia de régimen local entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas hace cada vez más necesario crear un órgano específico para la cooperación, el debate y el análisis conjunto de los problemas comunes. Es importante que, desde el primer momento, ese órgano contase con la presencia y activa participación de la representación institucional de los municipios y provincias españoles.

Todas estas líneas de reforma nos permitirán seguir potenciando las Entidades Locales españolas en el valioso papel que desempeñan como elemento de equilibrio territorial y para la prestación insustituible de servicios a los ciudadanos. Pero ahora se inicia una nueva etapa en la que hay que intensificar las líneas de actuación mantenidas hasta este momento en tres direcciones concretas: mejorando la democracia local, abriendo nuevos cauces a la participación ciudadana y al protagonismo de la sociedad, y reforzando los perfiles de la Administración Local en la prestación de los servicios que le son propios.

IX. 4. MUNICIPIOS Y DEMOCRACIA.

Los municipios han sido un factor clave en el desarrollo y la consolidación del sistema democrático que los españoles nos dimos en 1978.

Tras largas décadas de inadaptación de las Entidades Locales a la realidad a la que debían servir, a partir de las primeras elecciones municipales de 1979 las Entidades Locales españolas se constituyeron en un referente imprescindible para los ciudadanos, en un doble orden: en la necesidad de respuestas inmediatas a problemas cotidianos hasta entonces no atendidos y como vía de participación en la gestión de los asuntos locales.

Los veinticuatro años transcurridos desde entonces han supuesto un acervo democrático indudable Es cierto que el proceso de adaptación de las Corporaciones democráticas a la exigente demanda ciudadana ha creado no pocas disfunciones y problemas de diverso tipo, pero no lo es menos el hecho de que las sucesivas generaciones de alcaldes y concejales han sabido superarlos en un ejercicio de responsabilidad y madurez democrática que hoy debe ser reconocida.

El municipio es el primer ámbito en el que se desenvuelve la democracia. Si resulta cierto que ésta ha funcionado y funciona satisfactoriamente para ordenar nuestra convivencia, también lo es que para atender nuevas demandas de los ciudadanos es preciso dotarla de más transparencia, mayor capacidad de eficacia y más participación. La ciudadanía exige la eficacia de las instituciones en la resolución de sus problemas y también que se le tenga en cuenta en las tomas de decisiones.

Por ello, para trabajar en el perfeccionamiento de nuestra democracia local, proponemos tres grandes líneas de actuación:

• En primer lugar, profundizar las reformas avanzadas ya en la Ley de Medidas para el Desarrollo del Gobierno Local. Para conseguirlo, la futura legislación de Grandes Ciudades debe permitir que sigamos avanzando en la separación de las funciones ejecutivas, que corresponden al alcalde y al equipo de gobierno, de las de control, que corresponden por su parte al pleno de la Corporación. Los pasos dados ya en esta dirección han supuesto una mejora indiscutible en la agilidad de la gestión municipal y en la clarificación de las responsabilidades individuales y colectivas municipales, todo lo cual invita a mantener el esquema en que aquellas leyes se basaron, profundizando ahora en los mecanismos que la experiencia aconseja reformar. La nueva regulación para las grandes ciudades debe constituir, en todo caso, un elemento de reflexión y prueba para una posterior extensión de sus pautas a todos los municipios mediante la actualización de la Ley de Bases de Régimen Local.

• En segundo lugar, abordar con decisión los problemas que afectan a la estabilidad municipal y que son el origen, por una parte, del deterioro de la credibilidad de muchas instituciones locales y, por otra, de perjuicios concretos para la vida local. En este sentido, consideramos imprescindible abrir un debate de ámbito nacional que permita alcanzar un acuerdo para la reforma del sistema electoral local. La ley electoral debe dar mejor satisfacción a los problemas de gobernabilidad local que hoy padecen muchos ayuntamientos españoles, reforzando desde su origen la posición del Alcalde y haciendo participar de manera más directa a los ciudadanos en su elección. Creemos firmemente que las reglas de juego electorales deben ser objeto de un debate sereno entre todas las fuerzas políticas y que su posible reforma habrá de ser el resultado de un amplio consenso.

• Y, en tercer lugar, mantener todos los compromisos alcanzados hasta la fecha en materia de lucha contra el transfuguismo, una lacra que sigue afectando hoy a la vida local aunque, sin duda, en mucha menor medida que hace algunos años. Las recientes reformas legislativas impulsadas por el Gobierno en el seno de la Comisión de seguimiento del Pacto contra el transfuguismo han contado con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas lo que da idea de la vigencia del compromiso así como de la determinación de todos por continuar en este camino.

IX. 5. PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD

El Partido Popular ha impulsado, en los últimos años, iniciativas de reforma de amplio alcance para favorecer el protagonismo de la sociedad en las relaciones políticas, económicas y sociales de nuestro país. Y lo ha hecho con la profunda convicción de que sólo mediante dicho protagonismo es posible la mejora de la democracia y el crecimiento económico.

Pero, si bien este principio tiene una dimensión nacional, es en el ámbito local donde su aplicación tiene las realizaciones concretas más perceptibles y valiosas Y ello es, justamente, porque es en los municipios donde se desarrollan las iniciativas que más directamente interesan o afectan a los ciudadanos y en donde, en consecuencia, más debe favorecerse su participación activa en la gestión y buen fin de dichas iniciativas.

Para el Partido Popular, hablar de democracia local es hacerlo de participación ciudadana, porque la proximidad de los problemas y de quienes deben abordarlos hace que se favorezca una relación que va más allá de la simple emisión del voto con ocasión de las correspondientes elecciones. España cuenta, además, con una reciente pero muy arraigada tradición asociativa vecinal, que ha convertido el contacto entre el gobernante y el gobernado en un campo de relaciones intensas y fructíferas, bien conocidas, que constituyen hoy un importante elemento para el desarrollo democrático local.

Consciente de ello, el Gobierno de la Nación ha impulsado dos leyes que vienen a facilitar significativamente ese desarrollo, como son la nueva Ley de Asociaciones y la Ley de Mecenazgo, que ofrecen instrumentos concretos para el asociacionismo en el ámbito local que ahora deben ser desarrollados conforme a la propia dinámica municipal.

Nuestras propuestas:

• En primer lugar, intensificar desde las entidades locales, políticas de comunicación que favorezcan la creación y consolidación de organizaciones tanto vecinales como sectoriales para la defensa de intereses generales o concretos de la población. La información fluida y transparente hacia la sociedad es el requisito imprescindible para las políticas de participación.

• En segundo lugar, plantear desde las distintas concejalías actividades relacionadas con sectores especialmente vulnerables y cuya capacidad asociativa debe ser potenciada. En este sentido, el Partido Popular impulsará iniciativas concretas dirigidas a los menores y a las personas mayores que deberán favorecer su participación efectiva en la toma de las decisiones que más directamente les afectan.