Ha sido a lo largo de la pasada y presente legislatura, con los gobiernos del Partido Popular, cuando se ha producido el mayor esfuerzo descentralizador y se han experimentado los avances más significativos en el desarrollo generalizado de nuestro modelo de organización territorial.

La construcción del Estado de las Autonomías ha tenido dos grandes momentos. Uno, inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, con la creación de las Comunidades Autónomas, la puesta en marcha de su configuración institucional básica, los primeros traspasos a las Comunidades y posteriormente la creación de las Ciudades Autónomas. El segundo momento se empieza a materializar en 1996.

En efecto, ha sido a partir de 1996, con el liderazgo de los Gobiernos del Partido Popular, cuando se ha dado cumplimiento a los compromisos asumidos en los Pactos Autonómicos de 1992, promoviendo las reformas estatutarias precisas para dar acceso a mayores niveles de autogobierno y profundizando de manera definitiva en el nivel de descentralización.

Ha sido la labor descentralizadora que hemos impulsado de manera decidida durante estos años la que ha permitido que se haya traspasado a todas las Comunidades Autónomas la gestión de servicios públicos tan importantes como la educación o la sanidad.

Con la terminación de este proceso a lo largo de la presente legislatura quedarán casi plenamente desarrollados todos los Estatutos de Autonomía, culminándose así un proceso que por su intensidad y rapidez no tiene parangón y que ha convertido a España en uno de los países más descentralizados de la Unión Europea.

Pero este proceso no se ha limitado a otorgar un mayor nivel competencial a las Comunidades y Ciudades Autónomas, sino que se ha extendido, también, a dotarlas de los recursos financieros y los medios económicos adecuados para ejercer eficazmente las nuevas responsabilidades asumidas.

A comienzos de este año hemos puesto en funcionamiento el nuevo modelo de financiación autonómica que, con vocación de estabilidad, satisface plenamente los principios de autonomía financiera, suficiencia, solidaridad y corresponsabilidad. Este es el único modelo que ha contado con el acuerdo unánime de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Algunas cifras prueban la magnitud de este importante proceso descentralizador que viene impulsando el Partido Popular.

Los traspasos efectuados desde 1996 han alcanzado una cifra cercana a los 18.000 millones de euros (unos 3 billones de pesetas), lo que representa, en términos de coste efectivo, casi el 40 por 100 del total de los traspasos efectuados a las Comunidades y Ciudades Autónomas desde la aprobación de la Constitución.

Este hecho ha supuesto un cambio espectacular en la distribución del gasto público entre las distintas Administraciones, de manera que la Administración General del Estado ha disminuido su participación desde un 60 por 100 en 1996 a un 47 por 100 en 2002. Como contrapartida las Administraciones Territoriales han pasado de gestionar un 40 por 100 del gasto a distribuir el 53 por 100 de todos los recursos públicos.

También la evolución del personal empleado en las tres Administraciones refleja la transformación experimentada por nuestro Estado de las Autonomías en estos años. Sobre el total de empleados públicos, el 45 por 100 trabajaban en la Administración del Estado en 1996; ahora lo hacen un 24,5 por 100. Por su parte, las Comunidades Autónomas han pasado del 34 al 51,7 por 100 en el mismo período y los Entes Locales de poco más del 20 por 100 a casi el 24 por 100. En suma, hoy más de tres cuartas partes de los empleados públicos trabajan en las Autonomías y en los Entes Locales.

Con estos datos podemos afirmar que el modelo de organización territorial contenido en nuestra Constitución se ha revelado como una fórmula que ha dado respuesta a las demandas de autogobierno planteadas en España. Ha sido precisamente en estos últimos seis años cuando se ha producido el mayor impulso en el proceso descentralizador a favor de las Comunidades Autónomas, las cuales prestan ya la mayor parte de los servicios públicos considerados esenciales en las sociedades de bienestar.

Los españoles acordamos en 1978 un modelo que pretendía satisfacer todas las aspiraciones de autogobierno presentes en algunas partes del territorio nacional. Veinticinco años después España se articula a partir de este modelo como el Estado más descentralizado dentro del derecho comparado. Hemos construido entre todos un marco de organización de los poderes públicos que es el que mejor recoge, de forma equilibrada e integradora, la realidad plural de España, con el respeto y la potenciación de la personalidad propia de cada una de las Comunidades.

Frente a aventuras insensatas fuera de las coordenadas históricas y culturales europeas, frente al rupturismo insolidario, el Partido Popular defenderá este marco estable fundamentado en la lealtad constitucional, en el consenso político y en la solidaridad interterritorial.

Una vez desarrollado el reparto competencial, establecido un modelo de financiación y alcanzado un nivel adecuado de corresponsabilidad en la gestión pública, comienza la etapa de acentuar las responsabilidades compartidas, de impulsar la cooperación. La sanidad, la educación, la protección de los consumidores, la preservación del medio ambiente son, entre otras, áreas donde resulta evidente la necesidad de estrechar la colaboración entre las distintas Administraciones. Porque constituye un objetivo común, con el que están comprometidas todas las Administraciones Públicas, la prestación de servicios de calidad y garantizar la cohesión territorial.

Nuestras propuestas:

No existe en España ámbito alguno de decisión donde quepa ejercer las competencias propias de forma independiente o aislada, sin tener en cuenta las competencias de otras Administraciones. El funcionamiento del Estado de las Autonomías exige el entendimiento y la cooperación leal entre las Administraciones.

• Queremos potenciar el papel del Senado como símbolo de la cohesión nacional, como garante de la diversidad dentro de la unidad y como elemento esencial de integración.

Reiteramos nuestro compromiso de impulsar una reforma orientada a fortalecer su carácter de Cámara de representación territorial, promover la presencia habitual de los representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas, y precisar y desarrollar algunas de sus funciones, especialmente las relativas a la articulación de los grandes planes territoriales, a la definición del interés general para legitimar la actuación territorial del Estado y fijar su papel en el perfeccionamiento del sistema de financiación autonómico.

• Nos proponemos potenciar las Conferencias Sectoriales, órganos esenciales para la participación y cooperación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Debemos reforzar su carácter institucional y mejorar su funcionamiento. Resulta imprescindible perfeccionar los órganos de apoyo de las Conferencias para lograr un funcionamiento más ágil y fluido.

• Proponemos la creación de una Conferencia General de Cooperación Autonómica como foro generalista para la evaluación periódica y conjunta de los mecanismos de cooperación.

• Proponemos impulsar los Convenios de Colaboración como instrumento habitual para plasmar las actuaciones a realizar conjuntamente por distintas Administraciones, que se basarán en los principios fundamentales que inspiran la organización del Estado: la solidaridad, el equilibrio interterritorial y el trato equivalente a todas las Comunidades Autónomas.

• Consideramos imprescindible la utilización de cauces bilaterales de cooperación, cuya necesidad se deriva de la misma naturaleza del Estado de las Autonomías, al reconocer determinados hechos diferenciales, a los que hay que dar el específico tratamiento jurídico.

• Expresamos nuestra disposición a explorar mecanismos de cooperación normativa tendentes a disminuir las impugnaciones de normas legales, tal y como ha venido solicitando reiteradamente el Tribunal Constitucional.

• Una de las grandes áreas donde van a intensificarse las responsabilidades compartidas son los asuntos relacionados con la Unión Europea. El Gobierno de la Nación tiene atribuida, conforme la Constitución, la competencia de la representación exterior del conjunto del Estado. Pero, sin perjuicio de ello, se hace necesario avanzar en la articulación de eficaces mecanismos de cooperación de las Comunidades Autónomas en los asuntos Europeos.

Asimismo el compromiso de reforzar el papel de las Conferencias sectoriales como órganos de información y cooperación en materias europeas, y, además, buscaremos nuevos cauces internos de participación para enriquecer la formación de la voluntad nacional y el ejercicio de las políticas comunitarias. Estimamos, asimismo, conveniente mejorar la participación de las Comunidades Autónomas en los Comités de trabajo de la Comisión Europea.