| VII.- INMIGRACIÓN: LEGALIDAD E INTEGRACIÓN EN UNA
SOCIEDAD DE DERECHOS Y DEBERES
España se ha convertido en país de acogida. Ha pasado de tener una población extranjera residente en 1985 de 241.971 personas a tener 1.317.542 a finales del año 2002. La entrada de inmigrantes se ha acelerado en los últimos años como consecuencia de nuestro gran desarrollo económico y el mayor deterioro de los países de procedencia de estos inmigrantes. Hemos de ser conscientes de que somos frontera sur de Europa, puerta de entrada en la Unión Europea y puente natural entre ésta e Iberoamérica por los lazos históricos y culturales que nos unen a ella; y también de que nuestro país ofrece muchas posibilidades de desarrollo y promoción personal y laboral. Como, asimismo, hemos de ser conscientes de que los inmigrantes que vienen a vivir con nosotros contribuyen a que nuestro país siga creciendo e incrementando su prosperidad. Son ya cerca de 900.0000 los extranjeros afiliados a la Seguridad Social, dos veces y media más que hace dos años. La dimensión que ha alcanzado el fenómeno inmigratorio y sus perspectivas de futuro hacen indispensable ordenarlo con una política de Estado, que, en nuestra opinión, debe responder a los siguientes principios:
La política migratoria española debe enmarcarse en la política migratoria común europea y en los principios en que ésta se inspira, derivados de los compromisos fijados en las Cumbres de Tampere, Laeken y, muy especialmente, Sevilla.
Nos manifestamos a favor de una inmigración legal, que acceda a nuestro país a través de vías legales y con sus permisos en regla. Queremos facilitar que las personas que cumplan con los requisitos que establecen los ordenamientos europeos lleguen a nuestro país con los permisos en regla, y evitar que puedan hacerlo más fácilmente sin ellos y de manera ilegal. La adecuada ordenación de los flujos migratorios a nuestro país debe basarse en el pleno respeto a la legislación vigente, y adaptarse a la capacidad de acogida de que dispongamos para poder atender adecuadamente a los mismos. Nuestra capacidad de acogida no es ilimitada, por lo que deberá ajustarse a la posibilidad que tengamos de ofrecer trabajo a los inmigrantes de manera que puedan desarrollarse personal y profesionalmente e integrarse en nuestra sociedad.
Objetivo prioritario de nuestra política de inmigración, y complementario a la apuesta por una inmigración legal, es también la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos y la explotación personal y profesional de los inmigrantes. El creciente flujo de personas de países subdesarrollados a los países desarrollados está siendo utilizado por personas y redes organizadas para explotar económica, personal y sexualmente a los inmigrantes, agrediendo su dignidad, poniendo en riesgo sus vidas y su integridad física a cambio de obtener una ventaja personal ilícita. Es necesario que, a nivel nacional e internacional, se impulsen iniciativas y esfuerzos que lo impidan y poner coto a aquellos que se aprovechan de las garantías y derechos que nuestros sistemas públicos reconocen a cualquier persona. La integración de los inmigrantes legales constituye un objetivo central de la política de inmigración en nuestro país. Por ello, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, impulsarán, promoverán y coordinarán las actuaciones relativas a facilitar su inserción social y profesional, su educación y formación, así como garantizarán la prestación de los servicios sociales y asistenciales necesarios para conseguir dicho objetivo, sin que ello suponga menoscabo o perjuicio alguno para las percibidas por los nacionales. En todo caso, dichas políticas e iniciativas irán dirigidas a facilitar el conocimiento y la aceptación por parte de los extranjeros residentes legales de nuestras normas de convivencia, nuestro sistema legal y constitucional y nuestro régimen de derechos y obligaciones, sin que el obligado respeto a sus identidades culturales pueda poner en cuestión lo anterior, ni la asunción de menores derechos y obligaciones que para los nacionales, especialmente en el reconocimiento de los derechos y la igualdad de las mujeres. La existencia de grandes desequilibrios económicos entre distintas zonas del mundo, constituye, sin duda, una de las principales causas de la explosión migratoria de los últimos años. El desarrollo de estas áreas geográficas constituye también una vía efectiva para poder ordenar los flujos migratorios y frenar la presión hacia nuestros países. Consideramos necesario vincular de manera directa las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo a las políticas de inmigración, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. La inmigración es un fenómeno cuya dimensión afecta al conjunto de la sociedad, lo que exige una actuación responsable de los agentes económicos y sociales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de inmigrantes, los medios de comunicación, que pueden y deben contribuir a favorecer la inmigración legal y a transmitir una imagen real de nuestra capacidad de acogida. Por eso, expresamos nuestro convencimiento de que el diálogo social y la colaboración de los agentes y organizaciones sociales en el desarrollo de las políticas migratorias y de integración social de los inmigrantes es un instrumento adecuado para que, en el tratamiento de esta cuestión, no prendan las posturas demagógicas, xenófobas y racistas. Queremos subrayar la importancia de este principio en materia de atención a inmigrantes, por el hecho de que una parte de ellos provienen de países en los que la mujer ocupa una posición de desventaja en relación con los derechos que son reconocidos a los hombres. En España los derechos de hombres y mujeres son los mismos y debemos asegurarnos de que siga siendo así, incluso para quienes provienen de otras culturas, religiones o costumbres. España debe mantener los compromisos internacionalmente asumidos, especialmente la Convención de Ginebra, y participar activamente en la política europea de asilo. Hemos de impulsar la cooperación entre Administraciones Públicas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se mejore el sistema de ayuda, acogida e integración de los refugiados, facilitando los medios y espacios físicos necesarios para llevarlo a cabo. Nuestras propuestas: Los principios enunciados deben plasmarse en acciones que han de desarrollar las Administraciones Públicas, en el marco de una política común compartida. Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, tienen especiales responsabilidad en cooperar en una eficaz política de integración de los inmigrantes legales. Estas son las acciones que queremos impulsar:
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