La sociedad española se ha transformado profundamente en los últimos años. La España de la primera mitad de los años noventa ha dado paso a una nueva realidad a la que nos corresponde ahora dar nuevas respuestas.

El cambio más importante desde 1996 ha sido la intensa creación de empleo. Durante las dos primeras décadas de la democracia parecía como si la economía española fuese incapaz de generar nuevos empleos. Los 12,1 millones de ocupados de 1995 constituían una cifra prácticamente idéntica a la de 1976. El estancamiento del empleo era el gran talón de Aquiles en el esfuerzo de modernización de la sociedad española. Sin aumentarlo no era posible incrementar nuestra capacidad productiva, mejorar el bienestar social y situarnos entre las sociedades avanzadas europeas.

Tras seis años de gobierno del Partido Popular la situación es radicalmente diferente. Ahora son 16,3 millones las personas empleadas, cuatro millones más que en 1995. Se ha demostrado que era posible, con nuevas bases económicas y con políticas inspiradas en la confianza en la sociedad e impulsoras de su dinamismo, ensanchar nuestra capacidad productiva y el empleo

Porque, además, este período ha sido el de más intensa incorporación de la mujer al mundo laboral. Si entre 1980 y 1995 no había llegado a un millón el número de nuevos empleos ocupados por mujeres, entre 1996 y 2002 son dos millones las mujeres que se han incorporado al mundo del trabajo. La población activa femenina ha alcanzado ya el 40 por 100 de la población activa total, aunque todavía la tasa de paro golpea en especial a la mujer trabajadora. Hemos dado en estos años un salto muy importante en la buena dirección, pero queda aún mucho por hacer.

Las consecuencias de este trascendental cambio van mucho más allá de la dimensión estrictamente económica. Una sociedad con un 35 por 100 más de ciudadanos con empleo que hace siete años es necesariamente muy distinta a la que hemos vivido hasta hace muy poco. Estamos configurando una nueva sociedad.

Pero este cambio, cuyo análisis es indispensable para comprender a la España de hoy, ha venido acompañado de otros no menos importantes.

España se ha integrado, como socio fundador, en la Europa del euro. Formamos parte de una de las zonas de mayor prosperidad y peso económico del mundo. Nuestro futuro está estrechamente vinculado al proyecto europeo. Nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestras Universidades están ante un nuevo escenario con más competencia y mayores oportunidades. Nuestro progreso dependerá en buena parte de cómo estemos preparados para actuar en estas coordenadas inéditas.

Mientras tanto, el mundo vive aceleradamente el fenómeno de la globalización, a partir de la caída del muro de Berlín y el hundimiento del socialismo real. Nunca los intercambios entre personas, bienes y servicios han sido tan intensos y simultáneos como ahora. Vivimos en sociedades abiertas, cada vez más interdependientes y complejas. Y ello, a la par de ofrecer mayores posibilidades, significa también mayores incertidumbres y riesgos de diferente naturaleza. Como lo ha demostrado el desafío del terrorismo, una amenaza a nuestras libertades, valores y formas de vida. O como, en otro orden de cosas, lo muestra la catástrofe ecológica del Prestige, que nos obliga a situar la prevención y control de riesgos como una nueva prioridad. Y que renueva nuestro compromiso solidario con Galicia para superar las actuales dificultades.

La entrada en la sociedad de la información y del conocimiento y los avances en la ciencia biomédica abren horizontes hasta hoy insospechados y van, asimismo, a modificar nuestras formas de vida. Plantean desafíos con implicaciones éticas, que hemos de abordar con la perspectiva del humanismo de la tradición occidental. Debemos integrarnos con rapidez en la sociedad de la información, a la que debe acceder toda la población, y aprovechar todas sus ventajas.

En estos años el progreso de la sociedad civil ha sido espectacular. Los ciudadanos, con su trabajo y sus iniciativas, están haciendo avanzar a este país cada día. España ha alcanzado una madurez institucional y política, a la que ha contribuido de manera decisiva la pujanza y estabilidad de su sociedad civil, piedra angular sobre la que se asientan los avances que hemos experimentado.

La sólida organización de la sociedad española queda demostrada en su creciente capacidad para afrontar con éxito los desafíos de los tiempos modernos antes enunciados. Nuestra democracia ha proporcionado el mejor marco para esta trayectoria de creciente fortaleza. El buen funcionamiento del Estado de Derecho, el correcto juego de las instituciones, la estabilidad política han sido factores determinantes para ello. Esta es la profunda razón de nuestro firme compromiso tanto en consolidar los logros que la sociedad española se ha dado a sí misma, haciendo irreversible el bagaje positivo conseguido hasta ahora, como en abordar con garantías los nuevos problemas y las aspiraciones que ahora tenemos los españoles.

Podemos, en efecto, abordarlos en mucho mejores condiciones que hace seis años. Ante todo, por el el aumento de la prosperidad de la sociedad española. Hoy nuestro producto nacional es un 30 por 100 superior al de hace seis años en términos reales. Nuestra economía es más dinámica, posee bases más sólidas y tenemos las cuentas públicas saneadas. El equilibro presupuestario ha permitido llevar a cabo unas políticas con resultados muy beneficiosos. Tal es el caso de la política inversora que se ha multiplicado por cinco con el Gobierno del Partido Popular. Hemos superado desequilibrios que constituían serios obstáculos para trazarnos nuevos objetivos. Nuestro sistema de bienestar está afianzado. Los 16,3 millones de cotizantes de la seguridad social, cuatro millones más que hace seis años, nos permiten mirar con confianza el futuro de nuestras pensiones, que ya dispone de un fondo de reserva.

Proseguir en la buena dirección y preservar los avances conseguidos resulta una condición indispensable para abordar con garantías los nuevos problemas y las aspiraciones que ahora tenemos los españoles.

En las sociedades complejas, como la nuestra, el bienestar está asociado a dos valores básicos: calidad y seguridad. Son demandas que aparecen indisolublemente unidas y que reclaman políticas de nuevo cuño para satisfacerlas.

Más calidad de vida, más seguridad y menos impuestos constituyen el eje vertebrador del programa electoral que el Partido Popular presenta a la sociedad, del contrato que el Partido Popular establece con la ciudadanía. En estos últimos años entre todos hemos construido una sociedad más emprendedora, dinámica y con más confianza en sus potencialidades. El reto es avanzar hacia una sociedad en la que la calidad de vida y la seguridad se convierta en los factores dinamizadores de la vida social de nuestro país.

Por ello, el Partido Popular considera que debemos centrar la actuación de los poderes públicos en los próximos años en diez ejes básicos. Ellos son los que constituyen las orientaciones fundamentales del presente programa electoral.

1. Nos proponemos como primer empeño político continuar avanzando hacia la sociedad del pleno empleo. Todas las orientaciones de la política económica se dirigirán a la consecución de este objetivo. Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos desarrollarán políticas activas con esta finalidad. Tendrán prioridad las medidas que favorezcan la incorporación de los jóvenes y las mujeres al mundo laboral. Consideramos que las rebajas de impuestos contribuyen a una sociedad más dinámica y con mayor capacidad de generar empleo de calidad.
2. Nos comprometemos a apoyar a la familia en las nuevas circunstancias de una sociedad que camina hacia el pleno empleo. Lograr la conciliación de la vida familiar y laboral es un objetivo central para la sociedad española. Hemos de promover el marco jurídico, fiscal y social más favorable a la familia para facilitar el desempeño de sus funciones básicas para la sociedad. Apoyar a la familia implica posibilitar el acceso a una vivienda digna y asequible.
3. Debemos proseguir en lograr la igualdad real de las oportunidades de la mujer. Conciliar maternidad y trabajo es un objetivo que exige nuevas medidas de apoyo por parte de los poderes públicos. Constituirá atención preferente el fomento de las oportunidades de la mujer que vive en el mundo rural.
4. El aumento de la esperanza de vida es una nueva realidad que hay que afrontar con enfoques innovadores. En los próximos años debemos dar el impulso necesario para que nuestros mayores dispongan de los medios que les garanticen bienestar y calidad de vida y para promover su participación activa en la sociedad. Lograr una red eficaz de asistencia socio-sanitaria a favor de las personas mayores dependientes es la tarea que ahora nos corresponde llevar a cabo.
5. Defendemos el inseparable binomio libertad-seguridad. Cambios sociales, culturales y en la vida de nuestras ciudades han hecho más frágil la seguridad ciudadana. Vamos a combatir con decisión los fenómenos de delincuencia que están apareciendo. Ciudades seguras es condición para que podamos desarrollar nuestra convivencia y ejercer nuestras libertades. No debe haber tolerancia para ningún tipo de delincuencia.
6. Acrecentar la cohesión social y territorial resulta vital para el futuro de España. Ello obliga a promover políticas para superar los desequilibrios existentes entre el mundo rural y el urbano y entre diferentes partes del territorio nacional. La sociedad de las oportunidades y del bienestar debe llegar a todos, sea cual sea su lugar de residencia. Queremos hacer una España más cercana y más integrada. Las infraestructuras, los transportes, las redes de comunicación, la provisión de servicios básicos, la ordenación del territorio son elementos determinantes para la cohesión y el progreso de una sociedad moderna.
7. En este decenio España debe incorporarse plenamente a la sociedad del conocimiento y de la información. Debemos fomentar la cultura de la innovación. Es una tarea estratégica para nuestro futuro. No debemos perder el tren de esta nueva revolución en la sociedad del siglo XXI. Todas las Administraciones han de considerarla objetivo prioritario. Por eso impulsamos las reformas educativas para proporcionar una educación de calidad, que fomente el espíritu emprendedor y evite nuevos riesgos de exclusión. Debemos hacer llegar todas las posibilidades de la sociedad de la información a todos los lugares de España y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a los distintos sectores de población.
8. El progreso de nuestro país y el bienestar de sus habitantes exigen una política de protección y mejora de la calidad y seguridad del medio ambiente. Debemos intensificar las políticas de desarrollo sostenible y de conservación y uso racional de los recursos naturales. La riqueza natural de España es un bien que debemos acrecentar y legar a las futuras generaciones. Todas las Administraciones Públicas han de estar implicadas en esta tarea, que debe estar presidida por el valor de la solidaridad. Una eficaz política de prevención de riesgos forma parte de este objetivo esencial para la modernización de España.
9. Por razones demográficas y económicas España se ha convertido en un país de acogida de inmigrantes, que contribuyen a la prosperidad general de nuestro país. Pero nuestra capacidad de acogida es limitada. Por eso defendemos una política de inmigración basada en los principios de: legalidad, control y ordenación de los flujos migratorios e integración con igualdad de derechos y deberes y respeto a los valores de la sociedad española. Combatiremos con el mayor rigor la inmigración ilegal y las mafias que la promueven.
10. Nuestra calidad de vida depende en buena parte de las condiciones en que se desarrolla el entorno en que vivimos. A lo largo de la democracia nuestras ciudades y pueblos han experimentado mejoras evidentes. Los Ayuntamientos han incrementado su capacidad para prestar los servicios que los ciudadanos demandan. Pero ahora es indispensable dar un paso más. La ciudad del siglo XXI requiere mayores dotaciones y servicios. Y ello exige dar un impulso a una aproximación mayor de la Administración a los ciudadanos. Es lo que llamamos "segunda descentralización", que implica la potenciación de los Municipios y el fortalecimiento de la democracia local.